Con la burbuja inmobiliaria y la gran cantidad de desahucios que se han producido, tanto el Tribunal Supremo como el Superior de Justicia de la Unión Europea, se han planteado cómo minimizar esas acciones con una Nueva Ley Hipotecaria para reducir las prácticas abusivas.
Esta nueva ley hipotecaria fue aprobada por el Gobierno en 2017 pero no ha entrado en vigor porque sigue en fase parlamentaria y a la espera de aparecer en el BOE.
Con esta Nueva Ley Hipotecaria 2018 tramitada por el Congreso se persigue dotar de mayor transparencia al mercado hipotecario español y quiere repartir los gastos de una hipoteca entre los dos agentes implicados: las entidades financieras y los clientes.
Como dijo nuestro Presidente de Vía Célere, Juan Antonio Gómez Pintado, en elEconomista.es el pasado 27 y 28 de Octubre: “Necesitamos que la nueva Ley Hipotecaria sea garante para todos, no solo para una parte. […] Necesitamos movernos en un entono estable y de seguridad”
Con estos cambios que se pretenden realizar, en base a los gastos que asumirían las diferentes partes con las hipotecas, surgirían modificaciones y novedades.
Para activar un desahucio bastaba con dejar de pagar tres cuotas mensuales seguidas. Pero con la nueva ley, esto cambia y no se podrá ejecutar si no se han producido nueve impagos mensuales o nuestro impago de la hipoteca no alcanza un 2% del capital durante la primera mitad de vida de esta, y en el resto de vida, tendrá que elevarse hasta 12 cuotas o un 4%.
Tras la reforma, se incentiva la conversión de préstamos de tipo variable a tipo fijo, la comisión máxima será del 0,25% del capital reembolsado durante los tres primeros años y del 0% después. Además, se rebajarán los gastos de aranceles y notaría.
Si se quería cancelar la hipoteca antes de tiempo se penalizaba con ciertas comisiones o recargos innecesarios. Con la Nueva Ley Hipotecaria este proceso cambiará, siempre que sea a partir del quinto año.
Tras cinco años de vida hipotecaria, se permitirá trasladar esa hipoteca a otro banco que nos ofrezca mejores condiciones, sin penalización.
Se contempla la creación de un contrato estándar, donde se reflejen unas cláusulas básicas que el consumidor o cliente podrá recurrir a ellas en caso necesario y donde el banco deberá perfilar la proyección de los diferentes pagos hasta finalizar la hipoteca.
Está nueva ley se quiere basar en la transparencia y claridad, donde el consumidor sea informado sobre todas las cargas y costos que va a tener. Se podrá hacer una visita gratuita al notario siete días antes de la firma con carácter informativo y resolución de dudas.
Los gestores deberán contar con capacitación para ofrecer toda la información requerida al consumidor y evaluar su situación de solvencia. Además, para conceder una hipoteca habrá que hacer un examen de solvencia al potencial prestatario. Este requisito hasta ahora no existía para la concesión del préstamo.
Los bancos han compensado la firma de las hipotecas con la contratación de productos adicionales, llamados productos vinculados. Por ejemplo, los seguros de hogar, del automóvil, de vida, etc. Pero con la Nueva Ley Hipotecaria se prohíbe a los bancos ofrecer incentivos a sus trabajadores por la concesión de un determinado número o tipo de contratos o servicios accesorios.
Con la nueva norma, los intereses de demora no podrán superar el triple del interés legal del dinero, aplicable sólo sobre el principal pendiente de pago.
Los hipotecados cuyo préstamo esté suscrito en otra divisa podrán solicitar su cambio a euros o la moneda en la que perciba la mayoría de sus ingresos.
Con todo esto, se pretendía que la Nueva Ley Hipotecaria 2018 o Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario entrase en vigor antes de finalizar el 2018, ya que lleva un retraso de dos años, pero como se ha dicho, aún falta que esta norma pase su trámite parlamentario y estas medidas entren en vigor.
Además, con la reciente modificación normativa acometida a través del Real Decreto-Ley 17/2018 que afecta a un aspecto parcial de la regulación del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados relativo a documentos notariales correspondientes a préstamos con garantía hipotecaria, los bancos tendrán que pagar por ley el impuesto de las hipotecas. El Gobierno introduce un párrafo en el artículo 29 de la Ley del AJD para que «con toda claridad» los bancos asuman este gravamen y modifica el Impuesto de Sociedades para impedir su deducción para los períodos impositivos que se inicien a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley.
Por tanto, habrá que esperar para verificar si las medidas aquí publicadas se hacen realidad o sufren alguna modificación adicional, No obstante, si tienes dudas referidas a tu hipoteca, siempre puedes dirigirte a tu oficina o a tu gestor personal para que te ayude a resolverlas.
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